Desde la Coalición por la Libertad de Asociación expresamos la plena solidaridad con la “Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J” y exigimos el inmediato cese de la persecución contra sus integrantes por parte del Gobierno cubano.
De acuerdo a Prisoners Defenders, El Estado cubano mantiene privadas de libertad a más de 1000 personas por motivos políticos, la gran mayoría de ellas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, quienes pertenecen a estratos humildes, y al momento de su encarcelamiento eran el sostén económico principal de sus familias.
Andy Dunier García Lorenzo es un joven manifestante de la provincia Villa Clara que sufrió todo el peso de la represión desde el 11 de julio del 2021. Cuando fue encarcelado constató las pésimas condiciones y la alimentación paupérrima a la que son sometidos los reclusos y en especial las personas privadas de libertad por motivos políticos en los centros penitenciarios de Cuba. Ello lo motivó a seguir su lucha cívica incluso desde la prisión; así concibió junto a su familia el proyecto “Ayudas a los Valientes del 11J” con el objeto de contribuir a mejorar mínimamente las condiciones de vida de las personas privadas de libertad por razones políticas, y asistir a los familiares de aquellas que se ven impedidas de lograr un sustento mínimo justamente porque sus familiares están en prisión. Con la ayuda y el aporte material y de trabajo de familiares, amigos y activistas se creó en diciembre del 2021 la “Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J”.
Este proyecto sin fines de lucro, de naturaleza humanitaria, tiene como objetivo fundamental gestionar los medios básicos, permitidos por las leyes del Estado Cubano y obtenidos por formas completamente lícitas, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de libertad por motivos políticos y de sus familias.
Esta Red brinda suministros alimenticios básicos, así como otros insumos de carácter urgente para contribuir a la salud, seguridad alimentaria y calidad de vida trabajando en forma descentralizada y horizontal con diversos actores de la sociedad civil cubana de la cual se benefician en la actualidad cientos de personas a lo largo del país. Entre los beneficiarios se encuentran presos/as políticos/as y sus familiares, entre los que hay neonatos, menores de edad, madres solteras, personas enfermas y ancianos que quedaron completamente desamparados tras el encarcelamiento de sus seres queridos.
Hasta la fecha más del 10% de las personas privadas de libertad por motivos políticos han recibido alguna vez ayuda del proyecto y más de 110 familias se han visto beneficiadas.
Asimismo, la Red colabora con otros proyectos de naturaleza humanitaria en la distribución de insumos médicos y alimentos a otras personas en situación de vulnerabilidad dentro de las comunidades cubanas, contribuyendo activamente a aplacar en lo posible la crisis humanitaria y social que sufre el país desde el inicio mismo de la pandemia de Covid-19 en 2020.
Desde un primer momento, los integrantes de la Red se convirtieron en un objetivo del Departamento de la Seguridad del Estado, que no ha dudado en desatar una feroz persecución y acoso contra la familia de Andy.
Luego de constantes detenciones y acciones represivas, el Estado cubano ha abierto procesos penales y decretado la reclusión domiciliaria contra Jonatan López Alonzo y Pedro López por supuestos delitos de desobediencia y desacato respectivamente; a Roxana García se le trata de expulsar de su residencia; al propio Andy García, pese a su delicado estado de salud, luego de haber sido conmutada su sanción de privación de libertad por Trabajo Correccional con Internamiento, se le revocó esta sanción subsidiaria, ordenándose un régimen penitenciario severo, pese a su estado de salud.
A pesar de ello, ahora la Seguridad del Estado amenaza a la familia con ser procesada por el delito previsto en el artículo 143 del nuevo Código Penal una vez que entre en vigor en el mes de diciembre venidero. Dicho artículo prevé pena de prisión de cuatro a diez años para quien “...apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional…” Más allá de las graves críticas que pueda merecer este artículo, pues es fácil prever una utilización arbitraria y violatoria de los más básicos principios de libertad de asociación, y de toda actividad que cuestione al régimen, en este caso resulta a todas luces indiscutible que la actividad que lleva adelante la Red, es estrictamente de carácter humanitario, supliendo incluso obligaciones de asistencia que le competen al propio Estado cubano.
Por lo expuesto, reiteramos nuestra expresión de plena solidaridad con los miembros de la Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del 11J. Exigimos al gobierno de Cuba que cese de inmediato el acoso y persecución penal a que se ven sometidos por el mero hecho de ejercer su derecho humano a asociarse libremente para brindar ayuda humanitaria, y solicitamos a las misiones diplomáticas de países democráticos en Cuba que apoyen esta y otras iniciativas de carácter humanitario. Finalmente, llamamos al Sistema Universal de protección de Derechos Humanos, y muy particularmente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a atender seriamente la situación que aquí denunciamos y en general de la situación de persecución a los y las activistas de derechos humanos de Cuba.